El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja denunció públicamente que el diputado local del PT Antonio Flores Guerra fue detenido de manera arbitraria e ilegal por elementos de la policía estatal en Múzquiz, mantenido incomunicado y trasladado a las oficinas de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR en Sabinas.
Mejía Berdeja responsabilizó directamente al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al fiscal estatal Federico Fernández por la integridad física de los detenidos, y denunció una fabricación de supuestos delitos, cuestionando la legalidad del procedimiento. Además, señaló que hay otras ocho personas retenidas en las mismas condiciones.
¿Por qué importa? Las acusaciones de Mejía Berdeja van más allá de un incidente de tránsito: apuntan a un patrón de represión política en un estado donde el PRI acaba de ganar los 16 distritos en una elección ya marcada por denuncias de compra de votos. Si las detenciones fueron orquestadas desde el gobierno estatal, Coahuila enfrenta una crisis institucional que trasciende la jornada electoral.
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