AMLO denunció presuntos contratos fraudulentos para el cobro excesivo de energía fotovoltaica y eólica que compra a particulares la estatal Comisión Federal de Electricidad, luego de que la Suprema Corte de Justicia ordenó suspender políticas del Ejecutivo federal para el sistema eléctrico nacional.
«Es un delito, estamos obligados a denunciarlo, puede tomar uno a cuatro años, pero no vamos a ser cómplices, se acaba la corrupción», dijo el mandatario en conferencia de prensa en respuesta a una controversia presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece, autónoma) ante el Poder Judicial.
La decisión de continuar la vía judicial es la respuesta del Poder Ejecutivo a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena suspender las medidas de una política para garantizar la confiabilidad técnica del sistema eléctrico, emitida por la secretaría federal de Energía, en mayo pasado.
«Vamos a respetar lo que decidió la Corte Suprema y vamos a defender el interés público, no le hace que nos lleve tiempo, pero no vamos a ser cómplices de corrupción, vamos a interponer las denuncias contra quienes resulten responsables en contratos fraudulentos», anunció el gobernante.
Hasta que la Suprema Corte dictamine sobre el fondo de la controversia, quedó suspendida la política del Ejecutivo federal que establecía nuevas reglas para la interconexión de la empresas generadoras de energías renovables, generadas con luz solar y viento.
El objetivo de esas medidas del Gobierno federal, que cambia las reglas y eleva las tarifas de interconexión, según la queja del organismo autónomo que regula la competencia económica, limita el acceso a las compañías privadas, nacionales y extranjeras, para favorecer a la estatal CFE.
Una larga saga
López Obrador se refirió a un proceso que habría comenzado hace 26 años.
Relató que «durante mucho tiempo se abusó del pueblo de México y se cometieron fraudes, se entregaron contratos a particulares para generar energía eléctrica cuando la Constitución no lo permitía en el Gobierno de Carlos Salinas (1988-1994)».
En aquel tiempo se reformó una ley secundaria para «comenzar la privatización de la industria eléctrica (…), estos contratos se hicieron de manera fraudulenta en la mayoría de los casos», prosiguió.
Según el mandatario, el modus operandi se basó en acuerdos de funcionarios con las empresas particulares para que la estatal CFE comprara energía eléctrica a los particulares.
«Inmediatamente después de firmado el contrato, se suscribía otro sin licitación, administrativo, con otra tarifa más elevada», explicó el jefe de Ejecutivo.
Como resultado, la CFE compra energía eléctrica a firma privadas «a un precio elevadísimo, por un subsidio mediante un procedimiento ilegal».
El máximo tribunal admitió examinar el recurso legal del organismo autónomo sobre la inconformidad de empresas particulares y extranjeras, que generan energía eléctrica y no aceptan las nuevas condiciones, que el Gobierno aplica con el argumento de «defender el interés público».
López Obrador explicó que el argumento de las empresas es que las nuevas políticas afectan la generación de energía limpia.
El señalamiento a la política energética del Gobierno es que quiere «regresar al combustóleo para contaminar, pero no es el fondo del asunto» replicó.
Enfatizó que su administración es respetuosa de la legalidad y que este país existe el Estado de derecho.
«Lo digo para que otros países como España y EEUU no se piense que se actúa de manera arbitraria», atajó.
Según el presidente, hay funcionarios que firmaron estos acuerdos, luego de haberse llevado a cabo la licitación y el acuerdo principal, sobre el cobro de tarifas.
Desde que comenzó la polémica, a principios del año en curso, esta es la primera vez que el presidente esgrime que en el proceso de conectar la energía de generadores privados y extranjeros fue fraudulento.
El presidente criticó que las presas hidroeléctricas no pueden subir al sistema nacional la energía que producen y causan inundaciones en la represas.
El jefe del Ejecutivo cuestiona que primero se conectan las firmas particulares, «con el argumento de que no contaminan porque generan energía con el viento y el sol».
El embajador de EEUU, Christopher Landau, denunció la semana el riesgo de un «cambio de reglas» que afecte la confianza de los inversionistas extranjeros en este país.
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