El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó a los órganos reguladores del sector energético de México su apoyo a la «nueva política» económica y del sector, a fin de sumar esfuerzos con su Gobierno para «rescatar» a las industrias de crudo y electricidad.
«Sostengo que los órganos de regulación creados durante el periodo neoliberal deben ajustarse a la nueva política económica y energética, y que su misión debe ser la de sumar esfuerzos con la Secretaría de Energía [Sener], Pemex [Petróleos Mexicanos] y la CFE [Comisión Federal de Electricidad] para rescatar las industrias del petróleo y de la electricidad de la nación», señaló.
El 22 de julio, el mandatario mexicano envió un memorándum a los servidores públicos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), donde calificó a la reforma energética aprobada por el Congreso en 2013 como una «política de pillaje».
Además, señaló que «todavía es tiempo de corregir el rumbo de la política entreguista que se ha venido imponiendo en el sector energético» a partir de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
«Es urgente profundizar en los cambios ya iniciados para rescatar a Pemex y a la CFE, considerando a estas empresas públicas como estratégicas e indispensables para el desarrollo independiente y soberano de la nación», destaca la misiva.
En el memorándum, el presidente considera esencial que las empresas del Estado mexicano recobren un papel preponderante en el sector energético, e incluso advierte que podría elaborar una nueva reforma constitucional para conseguir ese objetivo.
«[…] si para poder aplicar la nueva política de rescate a Pemex y a la CFE fuera necesario proponer una nueva reforma energética, no descartamos esa posibilidad; es decir, debe mantenerse abierta, entre otras, la opción de presentar una iniciativa de reforma constitucional ante el Congreso de la Unión para hacer valer, sin lugar a dudas, el principio de dominio de la nación sobre sus recursos naturales», expuso.
Pese a ello, la misiva asegura que se respetarán los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos asignados tras la reforma energética, aunque confirmó que durante esta administración no se licitarán más.
Diversos especialistas han señalado que la nueva política energética de México, enfocada en limitar la generación privada de energías renovables a fin de favorecer el uso de las centrales de la CFE, contradice acuerdos internacionales firmados por el país latinoamericano en materia ambiental, así como el nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Actualmente, esta medida se encuentra bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que ha otorgado varias suspensiones de con base en las afectaciones que puede generar en materia de competencia económica.
El 30 de julio se confirmó que el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, presentó dos recursos de reclamación a fin de revertir la suspensión que pesa sobre política energética del Gobierno mexicano.
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