Juan Royo Gual / Sputnik
Brasil sigue incesante su camino hacia lo alto del ránking mundial del coronavirus (ya es el segundo país con más casos, sólo por detrás de EEUU), y ante una pandemia que parece estar fuera de control (casi 40.000 muertos y más de 700.000 contagiados), el Gobierno de Jair Bolsonaro podría haber encontrado una solución: maquillar los datos.
La semana pasada, cuando los boletines diarios del Ministerio de Salud empezaron a llegar entrada la noche, y no por la tarde, como era habitual, el presidente ironizó: «Se acabaron los reportajes en el ‘Jornal Nacional'». Se refería al noticiero de la noche del cadena Globo, el más visto del país, que igual que el resto de televisiones o los periódicos del día siguiente, ya no podrían usar los datos oficiales debido a esa tardanza.
Poco después, el secretario de Ciencia del ministerio, Carlos Wizard, decía que había que «recontar» los números «fantasiosos» que aportaban los gobiernos del estados ya que, según él, los estarían inflando a propósito para poder reclamara más fondos de ayuda contra la pandemia al Gobierno central.
Las sospechas sobre una supuesta «operación maquillaje» cobraron aún más fuerza el 7 de junio, cuando el ministerio informó de 1.382 muertos en un día, y poco después dijo que eran 525. Además, Gobierno ya no ofrece el desglose detallado por estados como hacía antes, ni el número total acumulado desde el inicio de la pandemia.
De forma oficial, el Ministerio de Salud asegura que está trabajando en una nueva metodología que pondrá en marcha en los próximos días y cuya principal novedad es que cada día no se divulgarán las muertes que se hayan confirmado por COVID-19 esa jornada (aunque la persona hubiera fallecido en días anteriores), sino únicamente los decesos producidos efectivamente ese día.
Esto haría que automáticamente el número de fallecidos diarios disminuyera por arte de magia, ya que los test para confirmar la enfermedad demoran. Son pocos los casos en que la confirmación se produce el mismo día.
Las críticas por parte de la oposición y de los líderes del Congreso Nacional no se hicieron esperar: los secretarios de Salud de los gobiernos de los 27 estados del país remarcaron que seguirán divulgando la totalidad de los datos y los principales medios de comunicación lanzaron una iniciativa inédita para trabajar de forma conjunta y recopilar información con los estados para elaborar un boletín propio y difundirlo cada día antes de las 20.00.
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, aseguró que el Congreso Nacional dejará de tomar como referencia los datos del Gobierno, y el presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, aplaudió la iniciativa de la prensa y dijo que pasarán varios días «hasta que se restablezca la confianza en el trabajo del ministerio de Salud».
Finalmente, tuvo que intervenir la Justicia: el juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal, acogió una petición de la oposición y ordenó que el Gobierno volviera a divulgar los datos como hasta hace unos días. En la tarde del 9 de junio, el ministerio restauró la web oficial sobre COVID-19 (covid.saude.gov.br) con los números al completo.
Los militares y la censura
La prensa local recuerda estos días que, durante la dictadura militar brasileña (1964-1985), los militares intentaron censurar las informaciones sobre una epidemia de meningitis que en 1974 causó miles de muertos: se instauró la censura previa en los medios, y los médicos y enfermeras tenían prohibido hablar del tema. Cuando los hospitales entraron en colapso, los militares empezaron tímidamente a reconocer que había un problema.
La comparación no es baladí, porque el Ministerio de Salud está en estos momentos ocupado básicamente por militares sin experiencia en políticas sanitarias que han ido sustituyendo a los secretarios técnicos, que han sido destituidos o han dimitido en las últimas semanas. Ahora el ministerio está en manos de Eduardo Palazuello, un general del Ejército que reconocía en una comisión parlamentaria que hoy en día los datos son «imposibles de esconder».
La prensa libre, las redes sociales y el hecho de que el Gobierno de Bolsonaro tenga a casi todos los gobernadores en contra (que son quienes recopilan los datos en origen) dificultaría unos intentos de maquillaje que en cualquier caso ya están dañando de forma irreparable la imagen internacional de Brasil.
Bolsonaro contra los números
En estos días, el país suramericano ha llegado a ser comparado por políticos de la oposición con Turkmenistán (que prohibió el uso de la palabra coronavirus) y con otros regímenes dictatoriales conocidos por su falta de transparencia.
La fijación por los datos que no son del agrado del Gobierno no es algo nuevo en la gestión Bolsonaro: antes ya causaron problemas otros datos oficiales, como los que demostraban un aumento vertiginoso de la deforestación en la Amazonía. El presidente acusó al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), de ofrecer datos «mentirosos» y de estar al servicio de alguna ONG, y le destituyó a su director, Ricardo Galvão, que poco después fue elegido una de las diez personalidades más importantes para la ciencia en 2019.
También generaron malestar los datos oficiales de desempleo que elabora el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Cuando en abril de 2019 los números mostraban que el desempleo había subido más de un 7% en un trimestre, Bolsonaro dijo que la metodología estaba hecha para «engañar a la población» y que había que cambiarla.
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