La propuesta del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para eliminar la figura de la subcontratación (outsourcing) se centrará en modificar algunos puntos en las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), explicó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
«Esta figura está relacionada con varios elementos que perjudican a los trabajadores, no solo en la mano de obra, sino también en el pago de reparto de utilidades, en la antigüedad, en la estabilidad en el empleo», explicó.
La funcionaria agregó que también se pretenden algunas reformas a la Ley Federal del Trabajo, así como a las leyes fiscales para «acabar con los abusos de esta figura».
El 27 de octubre, el presidente López Obrador adelantó que enviaría una iniciativa al Congreso para eliminar la subcontratación. Entonces, indicó que esta figura ha servido para que algunas empresas abusaran de los trabajadores y, en muchos casos, encubrieran actos de corrupción.
«Se abusó. Son las llamadas reformas estructurales, que no se hicieron pensando en beneficiar los trabajadores, no se hicieron pensando en beneficiar al pueblo: se hicieron pensando en beneficiar a un grupo, a una minoría», mencionó tras las críticas que diversos empresarios realizaron a su propuesta.
Asimismo, López Obrador acusó que la subcontratación ha permitido a varios empresarios evadir hasta 21.000 millones de pesos (1.000 millones de dólares) en impuestos.
Estimaciones afirman que al menos 4,5 millones de personas laboran bajo esquemas de subcontratación de manera formal en México. Diversos especialistas explican que, en muchos casos, las empresas que los contrataron no cuentan con la capacidad administrativa ni financiera para incorporarlas a su nómina, por lo que eliminar esta figura podría generarles mayores costos de operación. Muchas empresas no podrían asumir esa responsabilidad debido a que aún lidian con los estragos de la pandemia de COVID-19.
El director jurídico de Manpower, Jaime Bustamante, estimó que las empresas de subcontratación legal aportan 5.000 millones de pesos (238,6 millones de dólares) anuales a rubros como la seguridad social y los derechos a la vivienda de los trabajadores.
No obstante, reconoció que hay otras empresas que utilizan la subcontratación de manera ilegal a fin de simular pagos ante el IMSS, así como sus pagos de utilidades, entre otras acciones similares, con la intención de evadir impuestos y precarizar el empleo. Debido a la pandemia, también se anticipa un incremento en estas prácticas, advirtió recientemente el director de Relaciones Institucionales de Manpower, Héctor Márquez.
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