CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Nuevas investigaciones sobre 43 estudiantes de la escuela de magisterio de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014, podrían arrojar resultados en los próximos dos meses, informó el abogado de las familias de las víctimas, Vidulfo Rosales, después de una reunión con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
El abogado reveló en rueda de prensa que las autoridades federales les informaron de nuevos indicios, que «se encontraron en 18 búsquedas que se realizaron, en algunas de ellas se encontraron hallazgos y están en proceso de análisis; en el mes de febrero y marzo se van a tener avances respecto a estas investigaciones, esperamos tener ya resultados de identificación».
Las nuevas búsquedas se realizaron durante la actual administración, que cumplió un año en diciembre pasado, en el estado de Guerrero, una región montañosa que rodea a la ciudad de Iguala
La noche del 26 de setiembre de 2014, cinco autobuses en el que viajaba un centenar de estudiantes fueron atacados a balazos por policías municipales en distintos puntos, con saldo de siete muertos, más de 25 heridos y 43 desaparecidos, en un episodio de violencia en que también estuvo involucrado un grupo criminal.
Los familiares y sus representantes legales fueron recibidos por el mandatario en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, quien estuvo acompañado por la titular federal de Gobernación, Olga Sánchez, y el responsable federal de de Derechos Humanos y titular de la Comisión para la Verdad para el caso, Alejandro Encinas.
Las autoridades informaron que en los trabajos de identificación genética volverán a participar expertos del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, Austria, que realizó la única identificación plena de uno de los 43 desaparecidos, Alexander Mora.
También regresarán al país expertos del equipo Argentino de Antropología Forense, con una larga trayectoria en búsqueda de desaparecidos en países latinoamericanos que sufrieron dictaduras.
A las investigaciones se sumarán además cuatro integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que abandonaron el país cuando la administración anterior de Enrique Peña Nieto puso fin a un convenio de colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la colombiana Ángela Buitrago, la guatemalteca Claudia Paz, el español Carlos Beristain y el chileno Francisco Coz.
Las nuevas autoridades judiciales ya descartaron la llamada «verdad Histórica» de la anterior fiscalía.
Según aquella versión, los policías de cuatro municipios entregaron a los jóvenes a narcotraficantes del cartel Guerreros Unidos, quienes supuestamente los mataron, quemaron sus cuerpos en el basurero de una quebrada, en el vecino pueblo de Cocula, y lanzaron los restos en bolsas al cercano río San Juan.
Una bolsa con restos calcinados fue rescatada de ese pequeño riachuelo y los análisis genéticos en Innsbruck permitieron la única identificación lograda hasta la fecha de un pequeño trozo de hueso.
La nueva hipótesis considera que los estudiantes fueron separados en distintos grupos y llevados a zonas agrestes cercanas a Iguala; mientras, decenas de imputados han sido liberados en meses pasados, alegando que fueron torturados.
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