CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Dirigentes sindicales, empresariales y el Gobierno federal alcanzaron un acuerdo sobre la regulación de subcontrataciones de empleados, para evitar dejar desprotegidos y sin seguridad social a los trabajadores, y sobre reparto de utilidades, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
«Se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y Gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades en beneficio de todos», dice el mensaje publicado en su cuenta de Twitter por el presidente, sin dar más detalles al respecto.
El secretario federal de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, celebró que se haya alcanzado un «acuerdo por consenso» para regular esa figura contractual en la legislación mexicana.
«Se llegó a un acuerdo tripartita entre sindicatos, empresarios y el propio Gobierno para eliminar la versión antigua del outsourcing», explicó el secretario, también sin extenderse en el contenido de la nueva versión acordada en una reunión en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo.
Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que participó en las negociaciones, se contempla establecer la figura de «responsabilidad solidaria» en la seguridad social y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina real del patrón.
El consenso alcanzado será enviado a la Cámara de Diputados para que sea considerado en el dictamen que los legisladores discuten sobre la materia, luego de que un proyecto de reforma presentado a finales de 2020 por López Obrador quedó en suspenso en diciembre pasado por falta de acuerdo.
Elementos del acuerdo
La Secretaría de Trabajo informó horas después del anuncio del presidente que el acuerdo contempla «la prohibición de la subcontratación de personal y la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante».
La nueva propuesta busca prohibir que la totalidad de las nóminas queden en manos de un tercero como subcontratista, dijo el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.
«Se trata de adecuar la iniciativa presidencial en algunos aspectos donde hay un acuerdo», declaró el director general del IMSS.
Robledo explicó a periodistas que la nueva regulación facilitará a las autoridades fiscales «hacer una recaudación como debe de ser», de los impuestos y de las cuotas de la seguridad social.
Hasta un 13% de la población pierde actualmente sus derechos de antigüedad, jubilación y seguridad social en las subcontrataciones anuales que se realizan en el país.
El 9 de diciembre pasado, López Obrador acordó con líderes obreros y empresariales solicitar al Congreso la postergación de su propio proyecto de reforma de seis leyes, que la Presidencia envió el 12 de noviembre de 2020 para eliminar la figura conocida como «outsourcing».
Las autoridades mexicanas estiman que hay 4,6 millones de empleados en esquemas de subcontratación, sin registros claros y la cifra de incremento anual puede ser de 200.000 trabajadores.
La mitad de esos trabajadores cumple funciones en empresas grandes de más de 2.000 empleados, en la industria manufacturera, en turismo y en otros servicios.
Según la secretaria federal del Trabajo, Luisa María Alcalde, la manipulación de ese tipo de contratos se observa en la caída de empleo en cada mes de diciembre, cuando nóminas completas de empleados son dadas de baja para ser contratados de nuevo en cada enero siguiente.
Con ese mecanismo se eliminan los derechos a la seguridad social establecidos en el Artículo 123 de la Constitución mexicana de 1917, reformado cuatro veces, la más reciente en 1980.
El actual Gobierno ha sido cuestionado porque también ha asignado contratos por unos 240 millones de dólares a una docena de compañías dedicadas a ese esquema de subcontratación, según una investigación anticorrupción independiente focalizada solo en algunas carteras.
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